1. La reforma de la Ley de Sociedades de Capital introducida por la Ley 31/2014 de mejora del gobierno corporativo

En materia de responsabilidad civil de los administradores y directivos, se incorporan y amplían las obligaciones y responsabilidades relativas a la gestión, control y prevención de riesgos. Todo ello se materializa en el Plan de Prevención o Protocolo de Corporate Compliance, cuyo cumplimiento y actualización será obligatoria. Los pasos a seguir serán:

  • Identificar los riesgos inherentes a la actividad de la sociedad
  • Adoptar modelos de organización y gestión
  • Designar un órgano independiente que supervise
  • Actualización y seguimiento
  • Imponer la obligación de informar
  • Prever sanciones (imponer sistema disciplinario)

Los administradores y directivos responderán ante los accionistas y acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, o por los incumplimientos inherentes al desempeño del cargo. No se exonerará de responsabilidad cuando haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general.

Los estatutos deberán determinar el sistema de remuneración de los administradores por sus funciones de gestión y decisión, la cual deberá guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables.

 

2.El Letrado Asesor

Si bien no es una figura nueva, deberán contar con un Letrado Asesor las sociedades que:

  1. Sociedades domiciliadas en España, cuando su capital sea igual o superior a 300.506,05€, el volumen normal de sus negocios, según el balance y la documentación contable correspondiente al último ejercicio fiscalmente sancionado, alcance la cifra de 601.012,10 € o la plantilla de su personal fijo supere los 50 trabajadores.
  2. Sociedades domiciliadas en el extranjero, cuando el volumen de sus operaciones o negocios en las sucursales o establecimientos que tengan en España sea igual o superior a 300.506,05 € o su plantilla de personal fijo supere los 50 trabajadores.

El Letrado Asesor asesorará en Derecho sobre la legalidad de los acuerdos y decisiones que se adopten por el órgano de administración y de las deliberaciones a las que asista.

 

3. La responsabilidad penal de empresas, administradores y directivos

  • Responsabilidad penal de las personas jurídicas (art.31 bis CP), por los delitos cometidos en su nombre o por cuenta de la misma, realizados por:
    • Sus representantes legales, personas autorizadas para tomar decisiones u ostentan facultades de organización y control – cuando la sociedad no dispone de los procedimientos y controles adecuados.
    • Empleados, colaboradores, agentes, etc. cuando se hayan incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad.
  • Responsabilidad penal de los directivos y administradores, extendiéndose tanto a los administradores de derecho como a los de hecho, en los siguientes delitos:
    • Cuando la sociedad sea imputada penalmente (art. 31 CP)
    • Responderán de los delitos societarios, delitos contra los derechos de los trabajadores y delitos contra la salud pública (art. 294, 318, 366 CP)
    • Es delito también la omisión dolosa o imprudente (arts. 10 y 11 CP)

4. Modificaciones previsibles que se incorporarán al Proyecto del Código Penal

Se incluirá la sanción a los representantes, administradores de hecho o de derecho que dejen de adoptar las medidas necesarias para evitar la comisión de delitos, “por la falta de implementación de los programas de prevención a que estaban obligados”. Las actuaciones a realizar para obtener la exención de responsabilidad:

  1. Antes de la comisión del delito, el órgano de administración deberá adoptar y ejecutar los modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control.
  2. Supervisar el funcionamiento y el cumplimiento del modelo de prevención implantado.
  3. Que no se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión, vigilancia y control.

El Proyecto introduce penas de inhabilitación, multa e incluso prisión para el representante legal o administrador de hecho o de derecho de cualquier persona jurídica o empresa, que omita la adopción de las medidas de vigilancia o control que resultan exigibles.


 

¿Qué deberán contener los modelos de organización y gestión?

  1. Identificación de las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos delitos.
  2. Protocolos o procedimientos que concreten el proceso de adopción de decisiones y ejecución de las mismas.
  3. Adoptar modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de delitos.
  4. La obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos.
  5. Un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas establecidas en el modelo.
  6. Verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se manifiesten infracciones relevantes, o cuando sea necesario por cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada.
Jose María Dutilh

Jose María Dutilh

Socio Director de la Firma de Abogados LeQuid, especializada en Derecho de los Negocios y de las Empresas Sociales, estoy plenamente convencido de que el desarrollo empresarial rentable y eficiente no sólo es compatible sino que necesita la ética empresarial. En la actualidad, desde LeQuid colaboro con empresarios que necesitan una segunda oportunidad a través de estos procesos; Apoyo legal en el día a día, Re emprendimiento socialmente responsable, Fusiones y Adquisiciones, Reestructuración y Refinanciación de empresas o Concurso de acreedores entre otros.

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