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El Tribunal Supremo ha dictado la primera sentencia abordando la condena penal de una persona jurídica estableciendo las pautas que tendrá en cuenta para declarar la responsabilidad penal. Esta posibilidad se introdujo en nuestro Código Penal en 2010 (Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal).

La responsabilidad penal de la persona jurídica se fundamenta en la existencia de una infracción cometida por persona física unida a la ausencia de debido control por parte de la persona jurídica.

1. Requisitos para atribuir responsabilidad persona jurídica (artículo 31 CP).

  • Que se cometa alguno de los delitos que integran el catálogo de infracciones que generan responsabilidad para persona jurídica.
  • Que la conducta de la persona física se hubiera realizado en el desarrollo de la actividad empresarial propia y por cuenta y en beneficio de la sociedad por :
    • Sus representantes legales, personas autorizadas para tomar decisiones o que ostenten facultades de organización y control (apartado a, artículo 31 CP, responsabilidad vicarial)
    • Empleados, colaboradores, agentes, etc, siempre que se hayan incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad por parte del empresario (apartado b, artículo 31 CP, responsabilidad por falta de control).
  • Que los ilícitos se hayan realizado en beneficio directo o indirecto de la sociedad. En este sentido, es suficiente con que la actuación de la persona física esté destinada a beneficiar a la sociedad de manera directa o indirecta sin que tenga que producirse ese beneficio.

Cualquier pronunciamiento condenatorio de la persona jurídica tiene que estar basado en los principios irrenunciables que informan el derecho penal[1] de manera que hay que respetar los derechos y garantías constitucionales.

2. Fundamento de la responsabilidad

El análisis de la responsabilidad propia de la persona jurídica parte del deber de establecer medidas de control que traten de evitar infracciones penales. A la hora de atribuir la responsabilidad hay que analizar si la sociedad ha posibilitado o facilitado la comisión del delito por la ausencia de una “cultura de respeto del Derecho”. Ello se manifiesta en la existencia o no de formas concretas de vigilancia y control tanto de directivos como de subordinados jerárquicos.

En este sentido, tal y como afirma el propio tribunal, podría producirse una atenuación de la pena o incluso una eximente si la empresa ha implementado herramientas de control idóneas y eficaces o, lo que es más conocido, un protocolo de “Corporate Compliance”.

3. Conflicto de intereses y derecho de defensa

Podría producirse la vulneración del derecho a la defensa de la empresa si la posible persona física que ha cometido los delitos es la que tiene que representar judicialmente a la sociedad por entrar en conflicto de intereses.

En este sentido, el TS afirma que hay que atender al caso concreto para observar si se produce esta circunstancia y si es así llevar a cabo la repetición, al menos, del Juicio oral, siendo representada por una persona ajena a cualquier conflicto de intereses procesales con la entidad.

4. Tipos de penas y pena de disolución de la sociedad

La pena más común es la de multa. No obstante, existen otras como la de suspensión de la actividad, clausura de locales, prohibición de realizar actividades en cuyo ámbito se han cometido los delitos, disolución, etc.

El hecho de que se cometa un delito en el seno de la empresa no es motivo para imponer la pena de disolución. Hay que estudiar las consecuencias económicas y sociales y, especialmente, los efectos para los trabajadores para saber si está motivada (artículo 66bis CP). Será procedente dicha pena cuando la actividad legal de la sociedad sea menos importante que la actividad ilícita.

5. Distintos tipos de personas jurídicas en aras a determinar su responsabilidad organizativa

  • Las que operan con normalidad en el mercado y a las que se dirigen las disposiciones sobre modelos de organización y gestión (apartados 2 al 5 del artículo 31 bis CP).
  • Sociedades que desarrollan cierta actividad, en su mayor parte ilegal. Son aquellas sociedades utilizadas instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales (regla 2ª artículo. 66 bis). Nos encontramos ante este supuesto cuando la actividad legal es menos importante que la ilegal. Son también imputables.
  • Sociedades de carácter instrumental a las que el tribunal califica como sociedades “pantalla” que no desarrollan actividad legal o lo hacen solamente de manera residual[2]. Éstas deben permanecer al margen del artículo 31 bis del Código Penal.

Así, en estos supuestos se admite acudir a la figura de la simulación contractual o, tal y como se hace en la mayoría de los casos, a la doctrina del levantamiento del velo[3] para tratar de determinar cuáles son las personas físicas que utilizan la sociedad pantalla para cometer ilícitos penales. Es decir, a pesar de que se podría aplicar el artículo 31 bis CP por tener personalidad jurídica la sociedad, en estos supuestos procede actuar directamente contra las personas físicas[4]. Este sistema no es incompatible con la posibilidad de determinar las penas previstas en el apartado segundo del artículo 66 bis CP (tales como la disolución de la sociedad).

[1] STS núm. 514/2015, de 2 de septiembre de 2015.

[2] Esta interpretación está en consonancia con la Fiscalía General del Estado que, en su circular 1/2016. Aporta para supuestos futuros semejantes una solución solvente, a juicio del TS.

[3] la Sentencia del Tribunal Supremo número 952/2006, de 10 de octubre, autoriza la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo como plenamente procedente a la vista de que, en el caso concreto, la sociedad era simple apariencia o pantalla, y con más razón en un área o rama jurídica como el Derecho punitivo en el que rige el principio de averiguación de la verdad materia

[4] Asimismo, Zugaldía Espinar, excluye del ámbito de aplicación del art. 31bis CP, a las asociaciones ilícitas del art. 515 CP, a las organizaciones criminales y a los grupos criminales, pues entiende que son entes nacidos para delinquir respecto de los que no cabe afirmar que sus delitos se deban a un defecto de organización que no los ha evitado. Entiende el autor que realmente es todo lo contrario, estima que se trata de realidades perfectamente organizadas, pero solo para delinquir. Partiendo de esto el autor considera que no son personas jurídicas ni son empresas

Jose María Dutilh

Jose María Dutilh

Socio Director de la Firma de Abogados LeQuid, especializada en Derecho de los Negocios y de las Empresas Sociales, estoy plenamente convencido de que el desarrollo empresarial rentable y eficiente no sólo es compatible sino que necesita la ética empresarial. En la actualidad, desde LeQuid colaboro con empresarios que necesitan una segunda oportunidad a través de estos procesos; Apoyo legal en el día a día, Re emprendimiento socialmente responsable, Fusiones y Adquisiciones, Reestructuración y Refinanciación de empresas o Concurso de acreedores entre otros.

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