El BOE del 29 de abril, ha publicado el  Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, las medidas procesales y organizativas con las que se pretende hacer frente a la ralentización que por la crisis del COVID-19, ha sufrido el ámbito de la Administración de Justicia. 

En el capítulo II se incluyen las medidas en el ámbito concursal: 

1. Tramites preferentes en materia concursal

Durante 1 año desde la declaración del estado de alarma, tendrán carácter preferente en su tramitación: 

a) Los incidentes concursales en materia laboral.

b) Las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta en globo de los elementos del activo.

c) Las propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en periodo de cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio.

d) Los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa.

e) La admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente.

f) La adopción de medidas cautelares y, en general, cualesquiera otras que, a juicio del Juez del concurso, puedan contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes y derechos.

2. Extensión del plazo para solicitar el concurso de acreedores

Hasta el 31/12/2020   el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no efectuado la comunicación del 5 bis LC. 

Hasta el 31/12/2020  los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde la declaración del estado de alarma.  

Si antes del 31 de diciembre de 2020 el deudor hubiera presentando solicitud de concurso voluntario, se admitirá ésta a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario. 

3. Suspensión de la causa de disolución por pérdidas

A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1 e) de la  Ley de Sociedades de Capital, no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020, para el cómputo del patrimonio neto.  

4. Impugnación del inventario y lista de acreedores

En los concursos en que la Administración Concursal no hubiera presentado el informe provisional, y en los que se declaren dentro de los 2 años a contar desde la declaración del estado de alarma, los únicos medios de prueba admisibles en los incidentes impugnatorios del inventario y la lista de acreedores será la documental y pericial, sin que sea necesaria la celebración de vista, salvo que el Juez resuelva otra cosa. 

5. Enajenación de la masa activa: Subastas extrajudiciales

En los concursos declarados dentro del año siguiente a la declaración del estado de alarma y en los que se encuentren en tramitación a dicha fecha, la subasta de bienes y derechos de la masa activa deberá ser extrajudicial, incluso aunque el plan de liquidación estableciera otra cosa. Se exceptúa la enajenación de unidades productivas, que podrá realizarse mediante subasta judicial, extrajudicial o cualquier otro método autorizado por el juez. 

6. Aprobación del plan de liquidación

Cuando a la finalización del estado de alarma hubieran transcurrido 15 días desde que el plan de liquidación hubiera quedado de manifiesto en la oficina del juzgado, el Juez deberá dictar auto de inmediato, aprobando el plan de liquidación.

7. Acuerdo extrajudicial de pagos

Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma se considerará que el acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado por el deudor sin éxito, si se acreditara que se han producido dos faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado, a los efectos de iniciar concurso consecutivo, comunicándolo al Juzgado. 

8. Convenios concursales

8.1. Modificación 

Durante el año siguiente a contar desde la declaración del estado de alarma, el concursado, podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento. 

8.2. Incumplimiento 

Dentro de los 6 meses a contar desde la declaración del estado de alarma, se dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de declaración del incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores, permitiéndole presentar su propuesta de modificación. 

8.3. Aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación 

Durante el plazo de 1 año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación, cuando conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos con posterioridad a la aprobación del convenio concursal, siempre que el deudor presente una propuesta de modificación del convenio.  

El juez no dictará auto abriendo la fase de liquidación aunque el acreedor acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentarla. 

8.4. Consideración de créditos contra la masa 

En caso de incumplimiento del convenio aprobado o modificado dentro de los 2 años a contar desde la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de créditos contra la masa los créditos derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza que se hubieran concedido al concursado o derivados de garantías personales o reales constituidas a favor de este por cualquier persona, incluidas las especialmente relacionadas con él. 

9. Acuerdos de refinanciación

Durante el plazo de 1 año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor que tuviera homologado un acuerdo de refinanciación, podrá iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor o para alcanzar otro nuevo. 

Durante los 6 meses posteriores desde la fecha en que quede suspendido el estado de alarma, el juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación se presenten por acreedores, para permitirle al deudor una modificación durante el mes siguiente. 

10. Financiación y pagos por personas especialmente relacionadas con el deudor

En los concursos de acreedores que sean declarados dentro del plazo de 2 años siguientes a la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de créditos ordinarios, los derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza, que desde la declaración del estado de alarma le hubieran sido concedidos al deudor por personas especialmente relacionadas con él. 

En los concursos de acreedores que se declaren dentro de los 2 años siguientes la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de créditos ordinarios, aquellos en que se hubieran subrogado las personas especialmente relacionadas con el deudor como consecuencia de los pagos de los créditos ordinarios o privilegiados realizados por cuenta de este, a partir de la declaración de ese estado. The Official State Gazette (BOE) of 29 April published Royal Decree-Act 16/2020, of 28 April, laying down the procedural and organisational measures intended to address the slowdown caused by the COVID-19 crisis in matters of Justice Administration. 

Chapter II includes measures in the area of bankruptcy: 

1. Preferential procedures in matters of bankruptcies

For 1 year as from the declaration of the state of alarm (14th march), the following will be processed with preferential consideration: 

a) Bankruptcy incidents in labour-related matters.

b) Actions aimed at the transfer or disposal of production business units or the lump-sum sale of assets.

c) Proposals for agreements with creditors or modifications of those that were in period of compliance, as well as incidents challenging the judicial approval of the agreement.

d) Bankruptcy proceedings relating to the reincorporation of the workforce.

e) Acceptance to admit the application for approval of a refinancing agreement or modification to one in effect.

f) The adoption of protective measures and, in general, any other measures which, in the opinion of the bankruptcy judge, may contribute to maintaining and conserving assets and rights. 

2. Extension of the term to apply a voluntary bankruptcy situation

Until 31/12/2020, a debtor who is in a state of insolvency shall not be obliged to request a declaration of bankruptcy, whether or not notification pursuant to 5 (2) Bankruptcy Act has been served. 

Until 31/12/2020, judges shall not admit for processing any request for necessary bankruptcy that has been submitted as of the declaration of the state of alarm.  

If, before 31 December, 2020 the debtor has submitted a request for voluntary bankruptcy, it shall be admitted for processing preferentially, even if it were dated later than the request for involuntary bankruptcy. 

3. Suspension of grounds for dissolution due to losses

For the sole purpose of determining the existence of the grounds for dissolution provided by article 363.1 e) of the Corporations Act (equity or net worth below 50% of share capital due to losses), the losses in the year 2020 shall not be taken into consideration in calculating net worth. 

4. Challenging the inventory and list of creditors

In insolvency proceedings where the Bankruptcy Administration has not presented the provisional report, and in those which are declared within 2 years of the declaration of the state of alarm, the only admissible means of evidence in the incidents to challenge the inventory and the list of creditors shall be documentary and expert evidence, without the need for a hearing, unless the judge decides otherwise. 

5. Divestment of insolvency proceedings: Extrajudicial auctions

In bankruptcies declared within the year following the declaration of the state of alert and in those being processed on that date, the auction of assets and rights of the insolvency proceedings must be extrajudicial, even if the liquidation plan provides otherwise. An exception is made for the divestment of production units, which may be carried out by judicial or extrajudicial auction or any other method authorised by the judge. 

6. Approval of the liquidation plan

At the end of the state of alarm, when 15 days have passed as of the liquidation plan being presented in the court office, the judge must immediately issue an order approving the liquidation plan.

7. Out-of-court settlement regarding payments

During the year following the declaration of the state of alarm, the out-of-court settlement regarding payments shall be considered to have been attempted by the debtor unsuccessfully, if it were demonstrated that there have been two failures by the bankruptcy mediator to accept appointment, for the purpose of initiating consecutive bankruptcy, notifying the Court of such circumstance. 

8. Bankruptcy agreements

8.1. Modification 

During the year following the declaration of the state of alert, the bankrupt party may present a proposal to modify the agreement during period of compliance. 

8.2 Non-compliance 

Within 6 months as from the declaration of the state of alert, bankrupt parties shall be notified of any requests for a declaration of non-compliance with the agreement that may be submitted by the creditors, allowing them to submit their proposal for modification. 

8.3. Postponement of the obligation to request opening the liquidation stage 

Within the term of 1 year as from the declaration of the state of alarm, debtors shall not be obliged to request liquidation, when they know that it is impossible to comply with payments pledged after approval of the insolvency agreement, provided the debtor presents a proposal for the agreement’s modification.  

The judge shall not issue an order initiating the liquidation stage even if the creditor demonstrates the existence of one of the circumstances that may substantiate it. 

8.4 Consideration of claims against the insolvency estate 

In the event of failure to comply with the agreement approved or modified within two years as from the declaration of the state of alert, claims against the insolvency estate shall be considered to be claims arising from cash revenue from loans, credit or other similar transactions that have been granted to the bankrupt party or arise from personal guarantees or liens in favour of the bankrupt party by any person, including persons especially related to the bankrupt party. 

9. Refinancing agreements

Within the term of 1 year as from the declaration of the state of alert, the debtor who had a refinancing agreement approved, may initiate negotiations with creditors to modify the agreement in effect or agree upon a new one. 

Within the 6 months following the date on which the state of alert were suspended, the judge shall pass on to the debtor any requests made by creditors to declare non-compliance with the refinancing agreement, in order to allow the debtor to modify it during the following month. 

10. Financing and payments by persons especially related to the debtor (better classification)

In arrangements with creditors declared within two years as from the declaration of the state of alert, ordinary claims shall include those arising from cash revenues from loans, credit or other similar transactions, which as of the declaration of the state of alert had been granted to the debtor by persons especially related to him or her. 

In arrangements with creditors declared within two years of the declaration of the state of alert, ordinary claims shall include those assumed by persons especially related to the debtor as a result of payments of ordinary or privileged claims made on the debtor’s account, as from the declaration of the state of alert.