A partir del 1 de enero de 2013, no podrán pactarse plazos de pago superiores a 60 días, ni siquiera en los contratos de obra con la Administración Pública.

La Ley 15/2010, de 5 de julio, que modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales prevé, en su  Disposición Transitoria Segunda, un calendario por el que – de forma progresiva – deben reducirse los plazos de pago en el marco de las operaciones comerciales.

Según dicha disposición y, a partir del próximo 1 de enero, los plazos de pago para aquellas empresas que hasta el momento hubieran acordado plazos superiores será ahora de 60 días (salvo para productos frescos y perecederos, cuyo plazo de pago máximo continúa siendo de 30 días). El plazo de 60 días se computará desde la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios y no podrá ampliarse por acuerdo entre las partes.

En el caso del comercio minorista el régimen de pagos continúa siendo el previsto en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. Así y, a falta de plazo expreso acordado entre las partes,  “se entenderá que los comerciantes deben efectuar el pago del precio de las mercancías que compren antes de 30 días a partir de la fecha de su entrega”

¿Qué entendemos por…

operaciones comerciales a los efectos de aplicar la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad?

Podemos definirlas como aquellas entregas de bienes o prestaciones de servicios: “Realizadas entre empresas, o entre empresas y la Administración, así como las realizadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas”


Consecuencias de su incumplimiento

La principal consecuencia del incumplimiento de los plazos de pago es que, cuando el proveedor haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales sin haber recibido a tiempo la cantidad debida, el deudor incurrirá en mora, debiendo pagar el interés pactado en el contrato o, en su defecto, el señalado en la Ley.

Además y, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010 de modificación de la Ley 3/2004, “Las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales”

Desde el punto de vista de la responsabilidad y, según lo previsto en el artículo 225 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), es deber de los administradores de la sociedad la diligente administración de la misma. Se entiende que, dentro de dicho deber, se engloba el estricto cumplimiento de la legislación nacional e internacional vigente. Por tanto, el incumplimiento de los plazos de pago establecidos en la Ley podría dar lugar a responsabilidad del administrador, bien por el daño causado por omisiones contrarias a la ley o bien por el incumplimiento de su deber de diligente administración.

Cabe plantearse además que, si el incumplimiento de los plazos de pago deriva de un estado de insolvencia actual, en base al cual se produce el sobreseimiento – entendido como el cese en el cumplimiento de una obligación – general en el pago corriente de las obligaciones de la empresa, los administradores habrán de solicitar el concurso de acreedores. En caso de obviar dicho deber, el concurso podrá ser calificado como culpable en virtud de los artículos 164.1 y 165.1º de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Recomendaciones

Resulta conveniente que las sociedades revisen los contratos vigentes con sus clientes y proveedores para adecuarlos a la Ley 3/2004, evitando así las consecuencias de su incumplimiento.

Es importante analizar también el tipo de interés aplicable a la relación contractual para identificar el más conveniente en cada caso, pues la libertad de pacto señalada en la Ley 3/2004 permite establecer un tipo de interés inferior o superior al que la legislación prevé en defecto de pacto.

Normativa analizada

–       Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

–       Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004

–       Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (derogada con efectos a partir del 16 de marzo de 2013)

–       Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011  por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (refundición). En vigor desde marzo de 2011, si bien el plazo de transposición para los Estados es hasta el 16 de marzo de 2013)

 

 

Jose María Dutilh

Jose María Dutilh

Socio Director de la Firma de Abogados LeQuid, especializada en Derecho de los Negocios y de las Empresas Sociales, estoy plenamente convencido de que el desarrollo empresarial rentable y eficiente no sólo es compatible sino que necesita la ética empresarial. En la actualidad, desde LeQuid colaboro con empresarios que necesitan una segunda oportunidad a través de estos procesos; Apoyo legal en el día a día, Re emprendimiento socialmente responsable, Fusiones y Adquisiciones, Reestructuración y Refinanciación de empresas o Concurso de acreedores entre otros.

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