Poco antes de las vacaciones estivales se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Proyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria, y de adecuación de la normativa financiera para su adaptación a la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Muchas son las medidas fiscales previstas, algunas de ellas muy novedosas en cuanto que no existen precedente en nuestro sistema tributario. Como bien se indica en la exposición de motivos, se combinan medidas para atacar los nichos tradicionales de fraude, con otras medidas dirigidas a reforzar y potenciar tanto la recaudación como la seguridad jurídica de nuestro actual sistema fiscal.

Adicionalmente, podemos decir, que esta Ley se configura también como complemento necesario de la vigente “amnistía fiscal”, con la que se pretende la afloración de patrimonios ocultos en los que se hubieran materializado rentas no declaradas.

Se establece por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, la limitación de pagos en efectivo, siendo ésta una de las medidas más llamativas consistente en la limitación del uso de dinero en efectivo en determinadas operaciones. Así, no podrán abonarse en efectivo operaciones iguales o superiores a 2.500 euros en las que intervenga, al menos, un empresario o profesional. La presente limitación no será de aplicación a los pagos e ingresos realizados con entidades de crédito.

Su incumplimiento se tipifica como infracción grave, y se sanciona con multas del 25% del importe del pago hecho en efectivo, siendo responsables solidarios tanto el pagador como el receptor por lo que la Administración podrá dirigirse contra cualquiera de ellos.

Otra de las medidas previstas en la norma consiste en la obligatoriedad de suministrar información sobre determinados bienes, cuentas y valores situados en el extranjero, obligación que deberán cumplir quienes sean titulares, beneficiarios o figuren como autorizados de los mismos. Cabe señalar que dicha obligación se extiende a los titulares reales de los bienes, y su incumplimiento llevará aparejado un régimen sancionador propio y específico con sanciones que alcanzaran los 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitidos, con un mínimo de 10.000 euros.

Relacionado con lo anterior, las rentas que fueran descubiertas y que no hubieran sido declaradas se imputarán al último periodo impositivo de entre los no prescritos. Medida esta que está siendo muy criticada por la mayor parte de la doctrina, en cuanto que supone la imprescriptibilidad de dichas rentas.

También se establecen modificaciones en el régimen de módulos, con el objetivo de acabar con uno de los muchos fraudes que a través de este régimen se producen, que no es otro que la emisión de facturas falsas por empresarios sujetos a este régimen por servicios o productos no entregados a otras empresas, beneficiándose éstas últimas de la deducción de un gasto no realizado.

Para ello, se prevé que a partir de 2013, queden excluidos del régimen de estimación objetiva aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares, y cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros al año.

Igualmente, quedarán excluidos aquellos empresarios que obtengan rendimientos procedentes de otros empresarios o profesionales por importe superior a 225.000 euros. En el caso de los servicios de transporte y mudanzas, la exclusión operará con ingresos superiores a 300.000 euros, tal y como sucede con las operaciones agrícolas o ganaderas.

Con respecto al fraude en el IVA, la norma introduce diversas medidas que tratan de reducir los comportamientos fraudulentos que en la actualidad se producen. En primer lugar, mencionar que aquellos contribuyentes excluidos del régimen de estimación objetiva en el IRPF quedarán igualmente y de forma automática excluidos del régimen simplificado de IVA. Además, se establecen nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo vinculados con la realización de operaciones inmobiliarias. Así, en relación a determinadas operaciones de entregas de inmuebles, se establece la inversión del sujeto pasivo en los supuestos de renuncia a la exención del IVA, de modo que el sujeto adquiriente sólo podrá deducirse el IVA soportado si acredita que ha ingresado el IVA repercutido. También, se adoptan una serie de medidas para evitar el fraude en situaciones concursales, distinguiéndose entre las operaciones realizadas antes y después del auto de declaración de concurso, y debiendo presentar dos autoliquidaciones diferenciadas, una por los hechos imponibles producidos con anterioridad a la declaración de concurso, y otra por los que tuvieran lugar tras la misma.

Por último, no podemos dejar de mencionar, la introducción de una serie de medidas recaudatorias que tratan de evitar que los contribuyentes, incumpliendo sus obligaciones fiscales, retrasen de forma artificiosa y fraudulenta el pago de las cuotas correspondientes. En este sentido, se elimina la posibilidad de aplazamientos o fraccionamientos de créditos contra la masa en las situaciones de concurso.

 

Jose María Dutilh

Jose María Dutilh

Socio Director de la Firma de Abogados LeQuid, especializada en Derecho de los Negocios y de las Empresas Sociales, estoy plenamente convencido de que el desarrollo empresarial rentable y eficiente no sólo es compatible sino que necesita la ética empresarial. En la actualidad, desde LeQuid colaboro con empresarios que necesitan una segunda oportunidad a través de estos procesos; Apoyo legal en el día a día, Re emprendimiento socialmente responsable, Fusiones y Adquisiciones, Reestructuración y Refinanciación de empresas o Concurso de acreedores entre otros.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedIn

Pin It on Pinterest

Share This