Derecho al olvido

El Tribunal de la Unión Europea ha fallado en contra de Google obligándole eliminar información lícita que afecte a un ciudadano cuando éste lo solicite.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respaldado las tesis de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en relación con los buscadores y el derecho al olvido en internet, mediante una sentencia que se publicó el pasado 13 de mayo, que resuelve la cuestión prejudicial planteada en marzo de 2012 por la Audiencia Nacional sobre la interpretación de la normativa europea de Protección de Datos (Directiva 95/46/CE) en relación con la actividad de los motores de búsqueda de Internet. Esta decisión afecta a más de 220 recursos interpuestos por Google contra resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos, actualmente pendientes ante la Audiencia Nacional.

Tal y como señala la nota de prensa de la AEPD, que publicó el mismo día en el que se conoció la sentencia del Alto Tribunal, este pronunciamiento, clarifica definitivamente el régimen de responsabilidades de los buscadores de internet en relación con la protección de los datos personales y pone término a la situación de desprotección de los afectados generada por la negativa de la compañía Google a someterse a la normativa española y europea reguladora de la materia.

Según la AEPD, en la sentencia el TJUE establece que:

– La actividad de los motores de búsqueda como Google constituye un tratamiento de datos de carácter personal, del que es responsable el propio motor, dado que éste determina los fines y los medios de esta actividad.

– Ese tratamiento está sometido a las normas de protección de datos de la Unión Europea, dado que Google ha creado en un Estado miembro un establecimiento para la promoción y venta de espacios publicitarios y cuya actividad se dirige a los habitantes de ese Estado.

– Las personas tienen derecho a solicitar del motor de búsqueda, con las condiciones establecidas en la Directiva de protección de datos, la eliminación de referencias que les afectan, aunque esta información no haya sido eliminada por el editor ni dicho editor haya solicitado su desindexación. En caso de no atenderse su solicitud, las personas tienen derecho a recabar la tutela de la AEPD y de los Tribunales.

– El derecho a la protección de datos de las personas prevalece, con carácter general, sobre el “mero interés económico del gestor del motor de búsqueda” salvo que el interesado tenga relevancia pública y el acceso a la información esté justificado por el interés público.

Por otra parte, la Agencia ha venido sosteniendo que la Directiva 95/46/CE y la legislación española de protección de datos son aplicables a las actividades del buscador de internet Google porque, aun cuando la empresa no tenga su matriz en España, cuenta con un establecimiento en nuestro país vinculado a su actividad y utiliza medios situados en territorio español. De igual modo, ha considerado que la actividad del buscador, cuando tiene por objeto informaciones relativas a personas físicas identificadas o identificables, constituye un “tratamiento de datos” cuyo responsable no puede ser otro que la empresa que lo gestiona.

Junto a ello, la Agencia siempre ha entendido que una interpretación correcta de la Directiva obliga a los responsables de los motores de búsqueda en internet a reconocer a los afectados el “derecho al olvido”, que no es otra cosa que la proyección sobre internet de los tradicionales derechos de oposición y de cancelación, que forman parte del derecho fundamental a la protección de los datos personales. En ejercicio de estos derechos, los ciudadanos deben poder dirigirse al buscador para que deje de difundir datos o informaciones personales que les conciernen cuando dicha difusión les está produciendo una lesión en sus derechos y se realiza sin base legitimadora suficiente.