RSE

La actual situación política y empresarial española exige cambios en la redacción de los códigos de buen gobierno llamados “de quinta generación”

Los códigos de buen gobierno, cuya elaboración es voluntaria, incorporan criterios, normas éticas y de conducta que las empresas convierten en obligatorias, vinculando tanto a socios, como a directivos, empleados y, cada vez con más frecuencia, a proveedores y otros stakeholders.

En España, la mayor parte de las cuestiones abordadas por cada una de las generaciones de códigos citadas por los expertos, encuentra ahora un lugar dentro del derecho positivo (regulación de conflictos de interés, lucha contra la corrupción, derechos laborales y normativa medioambiental) No obstante, la RSE supone también la incorporación voluntaria de normas éticas y de conducta que van más allá de lo previsto en la legislación vigente, preguntándonos en este caso: los códigos de “quinta generación”, es decir, aquellos que pretenden evitar la actividad de la empresa en países que violan los derechos humanos y el Estado de Derecho, ¿son suficientes o la actual situación exige la elaboración de códigos de “sexta generación”?

Como ocurre en multitud de ocasiones, la sociedad avanza más rápido que la legislación, y más aún en un mundo globalizado y unido por Internet. Por ello, actualmente podemos encontrar códigos de buen gobierno que prevén conductas y establecen pautas que sobrepasan el contenido de generaciones anteriores y que incorporan criterios de RSE tanto a nivel interno como externo. Sin embargo, observamos también que los códigos de algunas sociedades incorporan obligaciones y derechos “innovadores” al tiempo que no cumplen con el objetivo de evitar la actividad empresarial en países que violan los derechos humanos y el Estado de Derecho (“quinta generación”). Así, podemos encontrar empresas que cumplen con la legislación española, que cumplen con la legislación de los países en los que opera y que incorporan políticas de RSE pero que, al mismo tiempo, minimizan costes de producción mediante la fabricación de productos en países no democráticos en los que escasamente se respetan los derechos humanos.

De igual modo, los escándalos de corrupción hacen necesaria la exhaustiva revisión de los actuales códigos y que nos planteemos  si es necesario que las leyes entren a regular algunos aspectos de la RSE o si sería suficiente con modificar las leyes actuales o con la mejora de los sistemas de control y verificación. Al mismo tiempo que se pueden tomar estas medidas, es importante no olvidar que parte del éxito radica en la educación y la concienciación de la sociedad.

Los códigos de última generación, que sería la sexta, englobarían el contenido de los códigos anteriores, estableciendo rigurosos sistemas de control y revisión de su cumplimiento y señalando como principio fundamental la coherencia entre la voluntad de la empresa, las políticas adoptadas y la actividad real de la misma. Serían códigos que tendrían en cuenta las necesidades de todos sus stakeholders, comprometidos con la sociedad principalmente a nivel local, respetuosos con el medio ambiente y exigentes con el uso adecuado y el reciclaje de los activos.

La RSE es un instrumento de cambio en constante evolución que necesita que se extienda su conocimiento, concienciación y aplicación, hasta llegar a su efectiva implementación. Los pasos dados hasta el momento son valiosos, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista social, pero la insuficiencia de algunas medidas y la falta de aplicación efectiva de otras, hacen que en muchos casos la RSE se quede en un emotivo anuncio publicitario.