Introducción

Las funciones del abogado interno, o in house como se conoce a los asesores jurídicos de empresa, no coincide con la labor que lleva a cabo el abogado externo de despacho. Cada uno desempeña un papel muy diferente dentro del mundo legal; sin embargo, la suma de ambos se puede traducir en una sinergia perfecta a la hora de colaborar para solucionar determinadas circunstancias.

 

Funciones del “inhouse” y del abogado externo

Se hace referencia al abogado de empresa como profesional por cuenta ajena, que trabaja en la asesoría legal de una corporación cuyo objeto no es la prestación de servicios jurídicos y que, según el caso, actúa en los asuntos, bien personalmente o relacionándose con los abogados externos contratados por aquella.

Generalmente, la labor del abogado tradicional consiste en enfocarse en la tarea para llegar a la solución del asunto. Sin embargo, los in house se insertan en el negocio y asumen un cierto rol directivo y/o gestor, acompañando a la empresa en sus decisiones estratégicas. Se espera de ellos que aporten mejoras en los procesos, no solo en los legales, sino también en los procesos operativos. Asumen las necesidades reales de la empresa, adoptando rapidez de respuesta, compromiso, evaluación de riesgos y control de costes.

Una de las cuestiones que la asesoría jurídica de la empresa debe tener presente es la necesidad de contar, cuando las circunstancias lo requieran, con el apoyo de abogados externos. Para ello, los directores jurídicos a la hora de contratar los servicios de una firma de abogados buscan su calidad técnica, unida a su relación personal o de confianza. Las relaciones entre ambos colectivos procurarán un mejor asesoramiento a la compañía que cada uno de ellos individualmente. Los asesores tienen una visión empresarial y son fuente de aportación de valor para la empresa. Los abogados externos tienen una excelente oportunidad para ofrecer valor en estos aspectos, utilizando la colaboración como estrategia.  

 

Regulación de los abogados de empresa y su régimen laboral.

Las diferencias que existen entre los abogados externos y los abogados internos no se limitan al trabajo que se les exige, sino que también se extiende al régimen laboral. Los in house muy raramente trabajan por cuenta propia. Además, ni el legislador ni las corporaciones que representan a la abogacía en general han optado por una regulación detallada de esta figura. 

En virtud del artículo primero del Estatuto General de la Abogacía Española, el abogado de empresa encaja en la definición de abogacía, así como en el artículo seis que dice que “corresponde en exclusiva la denominación y función de Abogado al Licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico.” 

Respecto al Código Deontológico de la Abogacía, se dedica a la independencia del abogado, pero no atiende a este criterio respecto a la relación entre el in house y su empleador. 

En este sentido, parece claro que estos profesionales (abogado interno de empresa) se encuentran algo desamparados en lo que a su regulación se refiere a diferencia de otras jurisdicciones, que incluyen ambas figuras en sus Estatutos y Códigos de Conducta. Concretamente, en el Reino Unido, el SRA Code of Conduct de 2012 especifica, artículo por artículo, qué secciones se aplican a los abogados de empresa, siendo estos la mayoría de ellos. 

Hasta que se decida regular la situación de los abogados de empresas en España, continuaran situándose en un cierto limbo jurídico.

 

El Secreto Profesional del Abogado de Empresa

A diferencia del abogado externo, quien está amparado por el secreto profesional, en el caso del abogado de empresa no queda tan claro si se puede acoger al secreto profesional.

Pese a la polémica que se deriva de este asunto, con la reforma de la Ley General Tributaria,- cuya finalidad es trasponer la directiva europea 2018/822, del 25 de mayo, más conocida como DAC6, que incrementa los controles sobre los asesores fiscales-, se establece que el inhouse tiene la obligación de informar y revelar las operaciones que se celebren en España y las transfronterizas.

Además, en el ámbito europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), rechazó en su sentencia del 14 de septiembre de 2010 (Caso Akco), que los abogados de empresa tuvieran derecho al secreto profesional, pues considera que la relación laboral existente entre la empresa y el inhouse, hace que este último carezca de independencia. 

En medio de esta controversia, también se argumenta que los abogados de empresa deberán estar amparados por el secreto profesional en sus funciones inherentes a las de un abogado, es decir, cuando defiende, aconseja y asesora jurídicamente. Otros argumentos se basan en la aplicación del artículo 542.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que “los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional”. También puede hacerse referencia al artículo 199 del Código Penal que sanciona a quien revelase secretos de lo que tenga conocimiento por razón de su oficio o relaciones laborales. Además, el Estatuto General de la Abogacía habla del deber de guardar secreto profesional en cualquier modalidad de actuación profesional. Finalmente, cabe referirse al Código Deontológico, el cual regula el secreto profesional como una garantía del proceso, en su artículo quinto, sin diferenciar entre abogado externo o interno. 

Claramente, es necesario que se regule y que se arroje luz en este asunto, pero parece que, actualmente, el secreto profesional de los inhouse en España está cuestionado. A raíz de la última reforma de la Ley General Tributaria y del criterio jurisprudencial europeo
(tanto en el ámbito tributario como en el del Derecho de la Competencia), cabe entender que el abogado de empresa no gozaría del secreto profesional que se deriva de la relación abogado cliente. El abogado interno carece de independencia respecto a su empleador, y fácilmente pueden surgir posibles conflictos entre sus obligaciones profesionales y los objetivos de su empleador. Por el contrario, el abogado externo desempeña su actividad con plena independencia.

Introduction

The in-house lawyer functions do not coincide with the work carried out by the external lawyer. Each one plays a different role within the legal world; however, the sum of both can be translated into a perfect synergy when collaborating to solve certain circumstances.

 

Functions of the in-house legal counsel and external lawyer

An in-house lawyer is an employed professional, who works in the legal department of a corporation whose purpose is not the provision of legal services and who, depending on the case, acts personally or relates to the external lawyers hired by the company.

Generally, the traditional lawyer´s job entails on focusing to reach the solution of the matter. However, in-house lawyers are inserted in the business and assume a certain manager role, accompanying the company in its strategic decisions. They are expected to bring improvements in the processes, not only in legal ones, but also in operational processes. They assume the real needs of the company, adopting speed of response, commitment, risk assessment and cost control.

One of the issues that the legal advice of the company must keep in mind is the need to have, when the circumstances require it, the support of external lawyers. To do this, the legal directors when hiring the services of a law firm seek their technical quality, together with their personal or trust relationship. The relations between both groups will seek better advice to the company than each of them individually. The consultants have a business vision and are a source of value for the company. External lawyers have an excellent opportunity to offer value in these aspects, using collaboration as a strategy.

 

In-house lawyers labor regime

The differences between external lawyers and in-house lawyers are not just related to the work that is required of them, but also extends to the labor regime. In-house legal counsels are very rarely self-employed. Neither the legislator nor the corporations that represent the legal profession have opted for a detailed regulation of this figure.

Under the rule of the first article of the General Statute of the Spanish Advocacy, the company lawyer fits into the definition of advocacy, which says that “the denomination and function of Lawyer to the Law Degree that he exercises professionally corresponds exclusively to the direction and defense of the parties in all kinds of processes, or legal advice.” However, little more shelter finds the figure of company lawyer in the Statute.

Regarding the Spanish Code of Ethics of the Advocacy, it is dedicated to the independence of the lawyer, but does not cover anything regarding the relationship between the in-house lawyer and his employer.

In this sense, it seems clear that these professionals are somehow helpless in what their regulation refers to unlike other jurisdictions, which include both figures in their Statutes and Codes of Conduct. Specifically, in the United Kingdom, the SRA Code of Conduct of 2012 specifies, article by article, which sections apply to corporate lawyers, these being most of them.

Until it is decided to regulate the situation of in-house lawyers in Spain, they will continue to be in a certain legal limbo.

 

Professional Secrecy of the Company Lawyer

Unlike the external lawyer, who is subject to professional secrecy, in the corporate lawyer case it is not so clear if they can benefit from professional secrecy.

Despite the controversy that arises from this matter, after the Spanish General Tax Law reform, -whose purpose is to transpose the European directive 2018/822, May 25th, known as DAC6, that increases controls on tax advisors,- it is settled that the in-house lawyer has the obligation to inform and disclose the operations that are held in Spain and cross-border.

Additionally, in the European sphere, the Court of Justice of the European Union (CJEU), rejected in its judgment of September 14th, 2010 (Akco Case), that company lawyers were entitled to professional secrecy, since it considers that the labor relationship between the company and the in-house lawyer, makes impossible the independence of the in-house lawyer.

Amid all this controversy, it is also argued that in-house lawyers must be protected by professional secrecy in their functions inherent to lawyers, when they defend and advise legally. Other arguments are based on the application of article 542.3 of the Spanish Organic Law of the Judiciary, which states that “lawyers must keep secret of all the facts or news that they know by reason of any of the modalities of their professional performance.” Reference can also be made to article 199 of the Spanish Criminal Code that sanctions those who reveal secrets known because of their trade or labor relations. In addition, the General Statute of Advocacy talks about the duty to keep professional secrecy in any modality of professional performance. Finally, the Professional Code of Practice regulates professional secrecy as a process guarantee, in its fifth article, without differentiating between external or company lawyers.

Clearly, it is necessary to regulate and shed light on this matter, but it seems that currently, the professional secrecy of the inhouse lawyer in Spain is limited. Following the latest reform of the General Tax Law and the CJEU case law, it is understood that the company lawyer does not enjoy the professional secrecy that derives from the client-lawyer relationship. The in-house lawyer lacks independence from his employer, and possible conflicts may easily arise between his professional obligations and the objectives of his employer. On the contrary, the external lawyer performs his activity with full independence.