En julio del año pasado se aprobó la ley de segunda oportunidad para emprendedores y empresarios. Dicha ley es una ayuda para las personas jurídicas que han fracasado en sus actividades empresariales, ya que permite la renegociación de deudas adquiridas con acreedores durante la actividad de la empresa que dirigían. Las condiciones a las que permite acceder dicha ley son muy ventajosas gracias al procedimiento extrajudicial de pagos que propone. Así, los empresarios y emprendedores que no han tenido éxito pueden tener una segunda oportunidad de salir adelante con otros proyectos, afrontando de manera más fácil el proceso de cierre de negocio.

  1. En qué consiste la ley de segunda oportunidad

Con la coyuntura de crisis económica en el país y pensando en las personas que fracasan, el jueves 30 de julio se publicó en el BOE la llamada “Ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social” que, para abreviar, suele llamarse simplemente ley de segunda oportunidad. Una medida que pretende ser un salvavidas para los muchos pequeños empresarios y personas autónomas que, tras iniciar una iniciativa emprendedora, no pueden hacer frente a las cargas adquiridas y por tanto, se encuentran en una situación extrema de falta de liquidez y quiebra. Existen algunos requisitos que se deben tener en cuenta para acogerse a dicha ley, que puede sonar muy bien, pero debe ser estudiada con calma para poder aprovechar sus beneficios.

 

  1. ¿Para quién está diseñada esta ley?

Está pensada, sobre todo, para los ciudadanos particulares y autónomos. Hasta entonces, antes de la ley, estos, en caso de quiebra tenían la responsabilidad de sus deudas de por vida siempre y cuando estas no superasen los cinco millones de euros. Con esta ley, lo que cambia principalmente es que, a partir de ahora, se pueden negociar dichas deudas con rebajas. Es decir, ya no deben responder a las deudas con su patrimonio presente y futuro, sino que tienen una segunda oportunidad de solucionar el problema con facilidades. En el caso de otras empresas y sociedades existe un proceso de concurso de acreedores, por lo que puede decirse que esta ley ha sido diseñada únicamente para ciudadanos particulares y autónomos que han fracasado en su iniciativa empresarial.

Para poder acogerse a la ley, deben declarar un proceso concursal con el objetivo de alcanzar un acuerdo extrajudicial con las personas o empresas con las cuales se han adquirido las deudas. El primer paso consistirá, pues, en buscar este acuerdo mediante un proceso que será llevado siempre bajo tutela de un juez. Así, el deudor que se acoge a la ley podrá liquidar sus bienes para poder abonar las deudas que sí pueda pagar y además, podrá iniciar la negociación de un calendario de pagos que sea realista y conveniente para poder hacer frente a las responsabilidades adquiridas. No se trata simplemente de “perdonar” las deudas sino de afrontar la situación con el apoyo del Estado y con la garantía de un proceso judicial que busca ayudar a ambas partes.

 

  1. Requisitos que se deben considerar para acogerse a la ley

La ley de segunda oportunidad considera principalmente dos requisitos. El primero es que el deudor ceda los bienes que ya no necesita para ejercitar su actividad o pague sus deudas con acciones de su propia compañía. El valor de estos bienes o las acciones que ofrezca a cambio para el pago de la deuda deberá ser igual o menor que la cantidad que debe pagar. En segundo lugar, se establece un requisito importantísimo para garantizar el pago a los acreedores: el deudor debe ser quien proponga un plan de viabilidad y el calendario de pagos. En cuanto a dicho calendario de pagos, existe un plazo máximo de diez años. En todo ese tiempo, se puede devolver el dinero adeudado.

 

  1. ¿Cuándo es viable la exoneración de deudas?

El proceso de negociación que se ha definido hasta este punto puede durar de uno a dos meses, aproximadamente. Pero si no se alcanza un acuerdo, el deudor y el mediador concursal, quien funciona como interlocutor entre el deudor y los acreedores, podrán juntos solicitar ante juez un concurso de acreedores voluntario. Al hacerlo, el juez podrá proceder con la exoneración de deudas, pero esto tiene ciertas condiciones:

-Que en los cuatro años previos a la petición del concurso, el emprendedor no haya rechazado ninguna oferta de empleo que se considere adecuada a sus capacidades profesionales.

-Que, durante los diez años previos a la petición de concurso de acreedores voluntario, el empresario o emprendedor deudor no haya sido beneficiado por esta ley previamente.

Que el deudor no haya sido condenado previamente por delitos contra el orden socioeconómico, de falsedad documental o contra el patrimonio. Que no tenga problemas con la Hacienda pública o con la Seguridad Social y que no haya atentado contra los derechos de los trabajadores.

Que no haya sido declarado culpable en el concurso, es decir, que el juez no considere que él mismo haya provocado su insolvencia o lo que en jurisprudencia se llama “administración desleal”.

Si la exoneración de deudas se realiza y el acreedor no está de acuerdo, puede pedir una revocación. Para hacerlo, deberá demostrar que el deudor ha actuado de mala fe o ha defraudado a Hacienda ingresando dinero “en negro”.

La ley no puede exonerar al deudor de todas sus deudas. Existen algunas excepciones, como por ejemplo los créditos de derecho público y los de alimentos. Pero, efectivamente, ayuda a la persona a liberarse de bancos, proveedores, etc. Por otro lado, la ley no salva a los deudores de estar incluidos en listas de morosos. También es un alivio en casos de particulares con hipotecas, una situación que en estos momentos puede ser bastante común y condiciona totalmente la vida de las personas afectadas.

Sin duda, esta iniciativa ha sido polémica, pero si se ve al detalle se puede entender que sí ayuda a una parte de la población emprendedora a tomar las riendas nuevamente de su futuro e indirectamente, contribuir a la prosperidad de toda España.

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